Una nueva ley recientemente presentado en España el 23 de diciembre 2010 provocó un considerable paso adelante en la creación de una mayor transparencia y responsabilidad por parte de las empresas y otras entidades legales. En esta ley se ha establecido que una persona jurídica (por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada) ahora puede considerarse que tiene la responsabilidad penal y debidamente responder por tales. Esta nueva figura reacondiciona una tradición de muchos siglos en los que se consideró que sólo las personas pueden incurrir en responsabilidad penal. La nueva ley establece que las personas jurídicas pueden ahora ser considerados penalmente responsables en los casos siguientes:

1) En nombre propio o en su lugar por los directores que los representan
2) Cualquier otra persona que, en nombre de o en función de los directores de la compañía ha llevado a cabo un acto criminal en relación con las actividades de la empresa.

La responsabilidad penal de una empresa no implica, en modo sin embargo excluir la responsabilidad penal de las personas detrás de estas actividades y que les ordenó. La figura de la responsabilidad penal por parte de los directores o cualquier otro representante legal de la compañía ha existido durante algún tiempo, ya sea áreas tales como el fraude, el soborno, la corrupción privada (una nueva figura introducida en la misma ley), el lavado de dinero, criminal responsabilidad ante el fiscal o la administración de la seguridad social, contra el medio ambiente, la planificación urbana o en contra de los derechos de los trabajadores.

Las sanciones previstas en la nueva ley pueden ser graves e ir desde la disolución completa de la empresa o entidad legal, la suspensión temporal de sus actividades, el cierre temporal de alguno o de todos los locales en el nombre de la empresa, la prohibición para acordar contratos con la administración pública o la intervención de hecho judicial, así como las sanciones financieras.

Debe recordarse sin embargo que las empresas pueden evitar ser considerado penalmente responsable si se considera que han ejercido un grado suficiente de control (diligencia debida o cumplimiento corporativo). Por este motivo, desde la introducción de la nueva ley, muchas empresas han introducido sistemas de control y cumplimiento de las empresas con el objetivo de evitar futuras reclamaciones hechas contra ellos por negligencia criminal. Estos sistemas, que anteriormente sólo se introdujeron por empresas o multinacionales más grandes están viendo ahora una mayor aceptación por parte de empresas pequeñas y medianas. Se espera que estas nuevas medidas mejorarán la confianza del consumidor en un ambiente de desconfianza en las prácticas de muchas entidades corporativas.

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